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02/10/2012

Confusión ante el Real Decreto Ley 16/2012

La Plataforma Salud Universal compareció el pasado 2 de octubre ante las Cortes de Aragón. De su presentación podemos obtener la respuesta a multitud de dudas sobre el Real Decreto Ley 16/2012
 
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¿Tienes dudas sobre el Real Decreto Ley 16/2012 que, tras su puesta en marcha el pasado 1 de septiembre, ha dejado sin derecho a la sanidad pública a los inmigrantes ?sin papeles?? La Plataforma Salud Universal, mediante su comparecencia ante las Cortes de Aragón, nos resuelve algunas de las preguntas más frecuentes.

1. ¿De qué estamos hablando?

Se trata del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que, además de incluir el copago farmacéutico, ha dejado sin tarjeta sanitaria ?es decir, sin derecho a una sanidad pública? a los inmigrantes en situación irregular y a los comunitarios que no tengan medios económicos acreditados residentes en nuestro país.

En total, se contabiliza que unas 15.000 personas sin papeles, solo en Aragón, quedan fuera del sistema sanitario público, lo que supone un cambio en el modelo de salud que ha regido hasta hace escasos dos meses en España: se pasa de un sistema solidario y público a uno que tiende a la privatización y a la condición de asegurados de los usuarios. Así pues, como se arguyó en la comparecencia de la Plataforma Universal ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley, la sanidad española constituía un sistema que proveía un servicio de protección social para todas las personas que vivían en el territorio español. Sin embargo, el Decreto cambia esta forma de cohesión social por un sistema de aseguramiento que solo cubre a los contribuyentes.

2. Pero eso puede ser justo: ¡los trabajadores con contrato cotizan a la seguridad social y los sin papeles no!

Es cierto que cuando se firma un contrato de trabajo, se destina una parte del salario a la seguridad social. Sin embargo, el sistema nacional de salud no se financia mediante cotizaciones sociales sino mediante impuestos generales íntegramente. Estos impuestos, como el IVA o los impuestos especiales ?que son los que gravan el alcohol, el tabaco o la electricidad entre otros?, salen de los bolsillos de toda la ciudadanía residente en España, incluso de los bolsillos de aquellos que se encuentran en situación irregular pues al residir en este estado, consumen en este estado. Esta argumentación se basa en lo dispuesto en el Título I, Capítulo III, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 mediante la cual el Estado asumió en su totalidad la financiación de la asistencia sanitaria, por lo que se produjo la desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social, según dictamina la Ley citada.

3. Y ¿qué es eso de los seguros sanitarios de los que tanto se habla?

El Real Decreto Ley propone que, aquellos que queden fuera del sistema sanitario público, podrán ser atendidos por este si se suscriben a los denominados Convenios Especiales; algo que se asemeja a una póliza de seguros y que tiene unos costes para el usuario similares e, incluso, superiores a los de algunas aseguradoras privadas. De hecho, se prevé que las personas menores de 65 años pagarían 710 euros al año por este seguro (59 euros al mes); mientras que para los mayores de 65 el coste ascendería a más de 1800 euros anuales (unos 155 mensuales).

Como ya hemos dicho, con este Decreto se está privatizando nuestro sistema de bienestar; un sistema que se basaba en los principios de solidaridad y de progresividad por el cual cada persona aportaba según sus capacidades económicas y era atendido según sus necesidades sin distinción.

Además, según lo explicado en este artículo, la obligación de contratar un seguro significa pagar por dos vías: por un lado mediante los impuestos y por otro mediante estos Convenios Especiales.

Por otro lado, resulta paradójico que un residente sin papeles no tenga derecho a firmar un contrato de trabajo ni a abrir una cuenta bancaria por más de tres meses, por ejemplo, pero que sí pueda ?y deba- suscribirse a un convenio de asistencia sanitaria cuya duración es anual, admitiendo la Administración de este modo que va a permanecer en España por un periodo indeterminado de tiempo.

4.Se ha hablado mucho de que las personas inmigrantes colapsan los sistemas de atención sanitaria, ¿es cierto?

Esta afirmación, que tanto se ha escuchado desde que se aprobó la implantación del Decreto, es rotundamente falsa. Y no solo lo dice la Plataforma Salud Universal, sino que lo confirman estudios como el realizado en 2008 por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, gracias al cual se mostró que las personas inmigrantes, que suponen más de un 10% de la población residente en España, solo representa el 5% de los pacientes atendidos en atención primaria. A unos datos similares llegó el estudio realizado por la Fundación Ciencias de la Salud, que realizó encuestas en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias.

Médicos de atención primaria de Zaragoza realizaron uno de los estudios más exhaustivos sobre este tema, por el cual se llegó a la conclusión de que los inmigrantes adultos van 4,2 veces a la consulta médica por cada 6,7 visitas que realizan los españoles.

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