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27/02/2013

¿Se puede justificar la privación de un derecho fundamental por 1288?

Seis meses después de la implantación del Real Decreto Ley 16/2012 por el que se retiró la tarjeta sanitaria a 15.000 personas la Plataforma Salud Universal denuncia la situación que viven las persona
 
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(Zaragoza, 27 de febrero de 2013) La Plataforma Salud Universal, de la que forma parte SOS Racismo Aragón, ha denunciado esta mañana la desatención sanitaria producida en Aragón tras la puesta en marcha del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Anunciación Pérez, una de las portavoces de la Plataforma, ha declarado que, aunque no sea una medida con la que esté de acuerdo, el Real Decreto Ley ofrecía a las personas inmigrantes en situación irregular que no tuvieran derecho a asistencia sanitaria primaria la posibilidad de firmar un compromiso de pago. Sin embargo, la primera barrera se produce en admisión ya que, al no figurar en el sistema informático, se les dice que no tienen derecho a la asistencia sanitaria, por lo que estas personas no son atendidas y ni siquiera se les informa de que tienen derecho a la atención sanitaria previa firma de ese contrato. La firma del convenio, sin embargo, sí que se solicita como condición previa a la atención de urgencias que, según el Real Decreto Ley, es un servicio al que las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria tienen derecho de forma gratuita.

Pero la desatención sanitaria no queda ahí. Pese a que el Gobierno de Aragón se comprometió a seguir atendiendo a aquellos inimigrantes sin papeles que hubieran comenzado el tratamiento contra una enfermedad crónica antes del 1 de septiembre de 2012 ?fecha en la que se hizo efectiva esta nueva normativa?, como tampoco aparecen en el sistema informático de Atención Primaria del Sistema Aragonés de Salud (el OMI), se han visto obligados a presentar reclamaciones ante el SALUD para ser atendidos. Hay que recordar ?ha comentado Anunciación? que quienes sufren enfermedades crónicas deben seguir trtamientos con costes muy elevados con lo cual es fácil que no se continúe el tratamiento, lo que conlleva el empeoramiento de los pacientes que, en ocasiones, terminan por necesitar asistencia de urgencia y hospitalización aumentando, así, los costes.

También Anunciación, como presidenta de Médicos del Mundo Aragón confirmó la derivación a la ONG de la que forma parte de atenciones sanitarias y farmacológicas y seguimientos de casos por parte de algunos trabajadores del sistema público de salud.

Katrina Belsué, de SOS Racismo Aragón, ha hablado sobre la repercusión económica de esta medida y es que aunque el principal motivo al que aludía la Administración para la promulgación del Real Decreto fuese el económico, de septiembre a febrero, según datos del propio consejero de Sanidad, solo se han recaudado 1288?. Y, aunque para la Plataforma, el derecho a una sanidad pública y universal no es cuantificable, ¿se puede justificar privar de un derecho fundamental por esta cantidad?.

Por último, Eddy Castro, de la asociación Atarraya, ha dejado claro que si las personas en situación administrativa irregular no presentan reclamaciones ni denuncias por la mala atención sanitaria no es porque esta desatención no se produzca, sino por miedo: no saben realmente qué significa firmar el compromiso de pago porque saben que una deuda con la Administración puede influir, por ejemplo, en la regularización de sus papeles.

Así pues, la Plataforma por la Salud Universal sigue exigiendo que no se aplique en Aragón el Real Decreto Ley 16/2012, tal y como exige el Estatuto de Autonomía por el cual todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud en condiciones de igualdad.

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